Hoy se cumple un mes de una de las peores tragedias que registra el transporte público de pasajeros en Panamá. El 23 de octubre 18 personas murieron calcinadas al incendiarse un autobús de la ruta Corredor Norte
Norte-Mano de Piedra, a la altura de La Cresta. Ese ha sido el hecho más doloroso que se recuerde en las últimas décadas.
Sólo la caída desde el puente de Las Américas al vacío de un autobús que servía la ruta de Panamá-La Chorrera, ocurrida en 1971, supera lo ocurrido hace un mes en cuanto al número de víctimas.
Lo sucedido es una responsabilidad compartida. Las autoridades que permitieron la circulación y el financiamiento de autobuses sin salidas de emergencia habilitadas, el dueño y el conductor del transporte por no mantener en óptimas condiciones su unidad.
Lo peor de todo es que en el mejor de los casos, a los responsables apenas se le aplicarán una pena de cuatro años de prisión, que pueden ser reducidos.
¿Cuánto cuesta una vida?. Eso no tiene precio. Quizás se aduzca que la fianza de excarcelación fijada para el conductor y el dueño del autobús siniestrado en exorbitante, pero nadie puede fijar el valor de una vida.
Son 18 familias que han perdido esposo, esposas, madres, hijos y padres de una manera espantosa. La muerte es algo natural, pero no de esa forma como perecieron esos pobres panameños que no pudieron escapar de un autobús en llamas.
Lástima que debió ocurrir una tragedia para que las autoridades decidieran de una vez por todas poner en cintura a los buseros.. Sin embargo, hay que estar atentos para que las soluciones que se implementen no sean para beneficiar los bolsillos de unos cuantos, sino para brindarle un servicio eficiente, seguro, cómodo y económico a los miles de panameños que diariamente se ven en la necesidad de utilizar el transporte público para llegar a sus destinos.