El informe de la CIDH sobre violaciones a los derechos humanos en Honduras, tras el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya, no sorprendió al Gobierno de Roberto Micheletti ni satisfizo a los seguidores del depuesto gobernante.
Para el canciller hondureño, Carlos López, "no hay grandes sorpresas" en el informe preliminar que presentó anoche la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que destaca entre otras violaciones la muerte de cuatro personas, decenas de lesionados y detenidos, y atentados contra la libertad de prensa.
Por su parte, los seguidores de Zelaya, que desde el golpe exigen en las calles su restitución en el poder, no están satisfechos con el informe de la CIDH, dijo a Acan-Efe el dirigente de un sector de los maestros Sergio Rivera, uno de los líderes del movimiento de resistencia popular que exige la restitución de Zelaya.
En opinión de Rivera, la CIDH dispuso de muy poco tiempo para realizar su trabajo y por eso "se quedaron miles de casos de violaciones a los derechos humanos sin documentar".
López se quejó de que la CIDH, al igual que la Organización de Estados Americanos (OEA), utiliza calificativos como "gobierno de facto" y "golpe de Estado", al referirse a la administración del presidente, Roberto Micheletti, quien fue nombrado por el Parlamento como sucesor del depuesto presidente Zelaya, el 28 de junio pasado.
El canciller consideró que la CIDH, que preside la venezolana Luz Patricia Mejía, "responde mucho a la orientación de la Secretaría General de la OEA, aunque digan que son independientes o autónomos".
El jefe de la diplomacia hondureña también cuestionó el informe en lo que respecta al "uso desproporcionado de la Fuerza Pública", que según la CIDH se dio durante las manifestaciones populares tras el golpe de Estado.
"Cierto es que el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública en manifestaciones que pierden el control no debe sorprendernos", enfatizó López.
JUICIO
El depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya, tendría que someterse a los procesos penales que hay en su contra si regresa al país, dijo la Corte Suprema de Justicia en un documento en el que se pronuncia sobre la legalidad del "Acuerdo de San José".