Cada vez que los políticos criollos, en sus ambiciones de gobernar, lanzan al tapete la discusión sobre la situación actual y el futuro incierto de la Caja de Seguro Social, las cifras emanadas de sus análisis nos dejan a los panameños inmersos en un panorama sombrío y con un sabor amargo que se disipa finalmente en medio de un mar de fórmulas mágicas, salidas del tintero de los teóricos de la seguridad social y los economistas sabelotodo.
Y total, las finanzas de esa gran institución, que nos pertenece a los cotizantes, continúan de mal en peor.
El relato sobre el inevitable colapso de los programas de la institución se parece mucho al cuento de la Caperucita Roja, a diferencia de que el lobo está cada día más cerca y los estragos que causará, de no adoptarse una política correcta, serán devastadores para la calidad de vida de la mayoría de la población panameña.
La transición hacia el nuevo gobierno ha servido nuevamente de telón de fondo para reavivar el problema, cuya solución no acepta a estas alturas parches ni extensas disertaciones teóricas plasmadas en papel muchas veces al margen de lo que ocurre en la realidad cotidiana.
En el más reciente análisis financiero de la Caja, se señala que 800 mil asegurados cotizantes están pagando la atención a más de 2 millones de usuarios del sistema, de los cuales 1 millón 205 mil son dependientes. Tres de los programas, enfermedad y maternidad, vejez, invalidez y muerte y riesgos profesionales enfrentan un déficit.
Se cree que antes de diez años la situación colapsará y entre las alternativas para detener el camino hacia el fracaso está modificar la ley orgánica.
Los teóricos, que cada cierto tiempo nos asustan con sus acertijos, están anunciando ahora que, aunque se pague todas las deudas contraídas por el Seguro con el gobierno y la empresa privada no se podrá rescatar la institución.
