El Tribunal Electoral deberá aumentar las sanciones establecidas para los que compren y vendan votos, con el fin de torcer la voluntad popular.
Para nadie es un secreto que muchos políticos, sobre todo legisladores, emiten bonos o distribuyen materiales de construcción o becas, en los días anteriores a los comicios, con el fin de ganar el apoyo de los votantes.
Si bien es cierto que los fraudes mediante los cuales se alteraban o robaban actas de los escrutinios, ya son males del pasado.
Ahora ha surgido una nueva modalidad para perpetrar fraude.
Los gobiernos de turno apoyan a sus candidatos con programas de ayuda a las comunidades en las que éstos aspiran a una curul, para así promover a su abanderado.
Esta práctica pone en desventaja al resto de los candidatos, que difícilmente pueden competir con la maquinaria del Estado respaldando a la figura que representa al oficialismo.
Por esa razón deben establecerse mecanismos para controlar esa prácticas y aumentar las penas contra aquellas que intenten esas acciones que alteran la justeza de un torneo electoral.
La población debe entender también que aceptar esas dádivas constituyen un delito que castiga la ley y no es de ciudadano honesto vender el voto.