El sistema judicial ha sido el Talón de Aquiles de los gobiernos panameños. Durante la dictadura imperaba la orden castrense y en democracia -según el criterio del Departamento de Estados norteamericano- la justicia es torcida por la corrupción y la manipulación política.
Los cuestionamientos aparecen en el Informe Sobre Respeto a los Derechos Humanos en el Mundo, el cual dedica 30 páginas al análisis de la situación panameña.
En esencia, el documento no revela nada nuevo en comparación con los reportes anteriores. Lo preocupante es que cada año se formulan los mismos cuestionamientos y no se hace nada para corregir el rumbo.
Las cárceles siguen llenas de presos que esperan que se les procesen, los detenidos viven en un asfixiante hacinamiento, siguen las presiones a los periodistas -vía querellas por calumnia e injuria-, persisten las denuncias sobre corrupción en el sistema y la injerencia de otros poderes sobre el Organo Judicial.
Hay una realidad, en Panamá la justicia no es igual para todos. Si tienes billete se te agilizan los procesos; si eres un pobre diablo, te deberás podrir en la cárcel.
En toda democracia, la justicia y la transparencia son fundamentales, porque los inversionistas saben cuáles son las reglas del juego y no están sujetos al pago de coimas y otras triquiñuelas.
Sin duda que hoy saldrán los funcionarios a romperse las vestiduras cuestionando el informe de los gringos, pero los temas abordados son una realidad que nadie puede ocultar. Lo pertinente es tomar nota del asunto y hacer los correctivos de una vez por todas.