Sería recomendable que alguien nos dijera a los panameños, quién fue el funcionario o la institución que tuvo la idea de eliminar el récord policivo como requisito a la hora de solicitar un empleo o de realizar algún trámite oficial o particular.
Consecuencia de esa medida tan disparatada, a diario personas de un prontuario policivo escandaloso, logran obtener empleo en empresas privadas y de gobierno, y después cometer fechorías que a veces terminan en desfalco de bienes y hasta en la muerte de inocentes.
Este tipo de decisiones ponen en duda la honorabilidad de los que dieron la orden de eliminar ese documento portador de los antecedentes penales de una persona y que además constituía una carta de presentación para evaluar la conducta moral y psicológica de un individuo a la hora de darle un empleo o una responsabilidad.
Y no se trata de estigmatizar a un ser humano por su comportamiento pasado, si no de un derecho que le corresponde al empleador de saber qué clase de empleado va a incorporar a su planilla de trabajadores.
Es frecuente ver que en reiteradas ocasiones, los asaltantes de bancos y otros negocios hacen contactos a lo interno del personal para sustraer información que les permita cometer sus atracos.
Esa practica dirigida a igualar a personas que han delinquido con quienes presentan una conducta sana, es producto de una sociedad que pregona una falsa democracia y justicia social y regala a manos llenas el perdón, creyendo que así la parte maleada se regenerará movida por prebendas fáciles.
El asalto a cuarteles de policía y juzgados civiles ocurridos en los últimos meses son muestras palpables de que, gracias a esas actuaciones de las autoridades, el país está ahora cercado por el hampa criolla con sus tentáculos internacionales.
