Hace 106 años, el decreto número 14 del 9 de noviembre de 1903, creó el Ministerio de Gobierno y Justicia para establecer la política relacionada con la seguridad ciudadana y el orden público. Fue este tema, desde nuestro nacimiento como República, una preocupación primaria del Estado.
Desde entonces, la seguridad ciudadana ha sido una preocupación. Hoy con el paso de los años y el avance de las organizaciones criminales, el tema es más complejo. El sicariato, asesinatos, secuestros y narcotráfico, son las conductas delictivas que impactan a la sociedad panameña.
Para contrarrestar a esas mafias y a los infractores de la ley se requiere un trabajo mancomunado de los estamentos de seguridad, Ministerio Público, servidores y de la sociedad. La seguridad es una cadena de responsabilidades en las que todos tenemos una parte de trabajo. No es suficiente que muchos eslabones sean fuertes, si uno de ellos es débil, la cadena no servirá ni prestará un servicio a la comunidad.
Aunque se contara con una Fuerza Pública de lo más eficiente, cárceles a tono con las exigencias internacionales y una justicia expedita, no sería suficiente sino hay políticas de prevención para nuestros jóvenes.
Trabajar sin descanso por la plena vigencia de nuestros derechos, nos hará transitar desde la razón de la fuerza, a la fuerza de la razón, de la discriminación a la inclusión, desde la pobreza al estado de bienestar, desde la ignorancia a la sabiduría, de la inseguridad a la seguridad.
Ese debe ser el camino y en esa línea. El encargado del Ministerio tuvo una destaca participación en la lucha civilista y puede hacer los cambios que se requieran para garantizar seguridad a los ciudadanos, pero con respeto a los derechos humanos de todos.