Mañana debe hacerse efectivo el reemplazo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Pereira Burgos, a quien se le aplicó un retiro forzado. La magistrada Esmeralda de Troitiño, tendrá que asumir la vacante registrada en la Corporación Judicial.
El hecho ha provocado un enfrentamiento entre los poderes del Estado, debido a que hay quienes alegan que el retiro decidido por el Ejecutivo es violatorio a la Constitución, que en ninguno de sus artículos estable el retiro de un magistrado cuando cumpla 75 años.
Al mismo tiempo, el caso de Pereira Burgos ha dado paso al desborde de las pasiones de magistrados, que más bien tenían el interés de congraciarse con el Ejecutivo, en vez de respetar el debido proceso.
En la pugna terció, el poder Legislativo que incluyó en el orden del día de su pleno la ratificación de la nueva magistrada, a pesar de que el tema aún no había sido discutido en la Comisión de Credenciales. Fue como poner la carreta delante de los bueyes. En fin se trató de una jugarreta para evitar someter a votación la alteración del orden del día, para lo cual el oficialismo no contaba con los 2/3 de los legisladores.
Hay que estar atento a lo que sucede esta semana en la Corte. Ojalá que no se abuse del poder al momento de instalar a la nueva magistrada
Frente a ese choque de poderes es preocupante que un gremio empresarial promueva la reestructuración total del Organo Judicial. El poder concentrado en un partido, a la larga sólo sirve para los abusos. Panamá ya vivió la amarga experiencia de lo sucedido tras el golpe militar de 1968, pero parece que el relevo empresarial ha olvidado eso. ¡Luego ellos mismos se arrepentirán!.