El Gobierno intenta ahora casar el proyecto para captar los datos de las llamadas entrantes y de salida de la telefonía celular y fija, así como las conexiones de internet, como una "herramienta" para combatir el alto número de llamadas fraudulentas que llegan a los números de emergencia 911, 103, 104 y *335.
El proyecto tiene el propósito fundamental de lograr los datos de los 3.5 millones de abonados al servicio de celulares prepago, que actualmente no tienen ningún registro y para ello le conceden un plazo de 12 meses a la empresa de telefonía para lograr la identificación de sus clientes.
El proyecto en mención deberá ser discutido desde hoy en la Asamblea Nacional de Diputados.
El ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, explicó que el nuevo ordenamiento legal busca evitar que quienes se dediquen al crimen organizado usen teléfonos celulares prepagados, aprovechándose de que en la actualidad no existe un registro adecuado de propietario.
Según el Gobierno, personas inescrupulosas y malintencionadas llaman al SUME 9-1-1 cada 6 segundos, ocupando tiempo y recursos necesarios para atender a panameños que pueden en ese momento estar necesitando de asistencia médica. De 137 llamadas que se reciben en un día de pocas novedades en la línea de emergencia *335 del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), tan sólo 17 corresponden a emergencias reales.
El Cuerpo de Bomberos de Panamá, Zona 1, a través de su línea de emergencia 103 ha recibido 38,486 llamadas en lo que va del año, de las cuales 35,542 han resultado llamadas falsas.
Durante el mes de julio de este año la Policía Nacional registró 186,607 llamadas falsas.
