La Asamblea Legislativa decidió rechazar el proyecto que buscaba aumentar las penas a los menores involucrados en asesinatos y otros hechos delictivos.
La presión de los grupos organizados, así como la incoherencia e irresponsabilidad de algunos legisladores, dio al traste con la iniciativa, que tenía un alto porcentaje de apoyo popular.
Con el paquete de proyectos presentados para reforzar el operativo "Mano Dura" sucede algo sin precedentes. Las organizaciones no los respaldan, pero al calor popular éstos son bien recibidos.
Sucede que a veces se invierten los papeles, las leyes protegen más a los delincuentes que a las víctimas. Se alega que se debe proteger a los menores, dando a entender que la mayoría de ese sector de la población incurre en actos delictivos, cuando los infractores son la minoría.
Un joven que se conduce por la vida con claros principios y una adecuada formación, difícilmente podrá verse involucrado en actos delictivos.
El Ejecutivo sufrió una derrota en su iniciativa, que aunque tardía, generaba simpatía entre la población decente. La bancada oficialista se dividió y el PRD y el Partido Popular, optaron por lo fácil: rechazar el proyecto. Otro grupo de legisladores ni siquiera asistió a la sesión.
El debate puso al descubierto la incoherencia de los legisladores. Varios de ellos votaron a favor del proyecto en el primer debate y luego en el pleno, cambiaron de parecer.
Si en verdad no pretendían respaldar la propuesta, lo correcto era presentar un informe de minoría y no poner en evidencia la incoherencia en sus posiciones.