Sectores estudiantiles y políticos opositores y afectos al Gobierno se manifestaron ayer en Caracas en contra y a favor, respectivamente, de las inhabilitaciones administrativas dictadas por la Contraloría General de Venezuela.
Unos 272 funcionarios y ex funcionarios públicos, en su mayoría opositores, fueron inhabilitados por la Contraloría por supuestos casos de corrupción, lo que les impide participar en los comicios regionales y municipales del próximo 23 de noviembre. La oposición rechazó las inhabilitaciones con el argumento de que la Contraloría carece de facultad para dictar esa medida, que, agregó, sólo la puede ejecutar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante una sentencia firme.
