La velocidad impuesta por el gobierno para reformar aspectos sobre los estamentos de la seguridad pública, generan interrogantes. Son iniciativas internas para enfrentar a la delincuencia o son propuestas extranjeras.
Lo de la fusión de los Servicios Aéreo y Marítimo, así como de la creación de la Policía de Frontera, son acciones que han sugerido en varias ocasiones el gobierno estadounidense y las pruebas de ello, aparece en los diversos informes antidrogas que ha preparado el Departamento de Estado y que son enviados cada año al Congreso de esa nación.
Además desde que se anunció la Iniciativa Mérida, en la que Estados Unidos quiere establecer una lucha multinacional contra el narcotráfico y el terrorismo, se aprecia todo un esfuerzo en modificar lo referente a la seguridad pública.
Todo indica que el problema no radica en nombrar civiles o militares al frente de las instituciones de seguridad, porque ya se han hecho varios cambios y los índices de violencia persisten. Hay quienes recomiendan preparar una Estrategia de Seguridad Nacional, pero sin concentrar mucho poder en un o en un grupo de funcionarios, que pueden hacer retoñar aparatos de mala recordación como el G-2.
Panamá vivió momentos amargos en materia de derechos humanos, durante la vigencia del régimen militar, por lo que no se debe actuar precipitadamente y con los aportes de un solo grupo de la sociedad al momento de redactar los decretos-leyes sobre la Policía Nacional, los servicios de inteligencia y la fusión del SAN y el SMN.
Que la complacencia a gobiernos extranjeros no nos lleve a cometer los mismos errores del pasado, inventando aparatos "todopoderosos", porque al final los perjudicados serán los hijos de Panamá, que tendrán que revivir y sufrir los abusos de antaño.