Después del espectáculo en torno al arresto de los tres últimos directores de la Caja de Seguro Social (CSS), dentro de la investigación por la muerte de 355 panameños por consumir medicamentos envenenados, el Ministerio Público ha tenido prácticamente que dejar sin efecto esas detenciones y reducirlas a la comparecencia quincenal de los indagados al despacho de la Fiscalía Superior Especial.
Ese tipo de accionar que más bien parecieran acciones para lavar imagen en corto tiempo, a la larga le hace más daño que bien a la justicia. Ordenar arrestos, para luego al cabo de una semana, liberar a los detenidos, deja el descubierto que los indicios contra esas personas eran muy endebles y ante ello cualquier tribunal ordenaría dejar sin efecto la medida.
El caso de los panameños muertos por envenenamiento con jarabes contaminados con el tóxico glicol de dietileno ha sido la peor tragedia en materia de salubridad en la historia panameña.
El país reclama justicia. Los muertos y los familiares de éstos es lo menos que se merecen, pero las sumarias deben estar bien sustentada y no basadas en acciones apresuradas, que luego al llegar a los tribunales son revocadas por no cumplirse con los procedimientos.
No se trata de hacer show momentáneo para mejorar en las encuestas, sino de desarrollar una investigación objetiva que soporte el escrutinio de los jueces y que al final del camino logre la condena de los responsables de esa tragedia nacional.