Un Juzgado Civil ha condenado al diario El Panamá América al pago de 20 mil balboas y otros gastos, así como a publicar un extracto de las sentencias penales y civiles emitidas en su contra dentro de un proceso promovido por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
El caso se remonta al 8 de marzo de 2001, cuando el diario publicó un reportaje sobre la construcción de una carretera con dineros del Fondo de Inversión Social, en un sector de La Chorrera, donde Spadafora mantiene una finca.
Cuando se pone en peligro la libertad de expresión y de prensa, los panameños no podemos mirar para otro lado. Hay cuestiones de principio, que no se pueden ignorar.
No es una lucha que se limita sólo a los periodistas y dueños de medios, es una acción que debe envolver a toda la ciudadanía, para defender ese derecho.
Las acciones civiles del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora, de embargar primero el salario a un periodista y luego pretender una suma millonaria a la Editora Panamá América, reducida ahora a unos miles de balboas, es una amenaza para la libertad de expresión.
En una nación como Panamá, donde el sistema judicial es cuestionado a diario, toda persona o empresa que sea demandada por un magistrado de la Corte Suprema, lleva las de perder. Sin duda hay un desequilibrio, porque es casi imposible que un juez subalterno falle en contra de las Este tipo de hechos nos recuerdan las viejas prácticas de la dictadura militar, que recurría a fiscales y jueces para tratar de silenciar a los periodistas.