Los educadores que mantienen una lucha de 29 días consecutivos cerraron ayer en dos ocasiones los cuatro carriles de la Calle 50 en busca de respuestas a sus reclamaciones laborales.
Unos 37 docentes del interior de la República reclaman su derecho de ser nombrados permanentemente y es por ello que decidieron paralizar esta importante vía en horas de la mañana y del mediodía de ayer, pero casi de inmediato fueron replegados por unidades antimotines de la Policía Nacional, sin que se produjeran acciones de fuerza entre las partes.
Marcelino Seales, dirigente magisterial, lamentó que los educadores hayan tenido que recurrir a esta medida, a pesar de que están amparados por el Decreto Ejecutivo 428 del 26 de agosto 2008 que les garatiza el nombramiento permanente al cumplir con el requisito de haber trabajado de forma continúa en áreas de difícil acceso y por cinco años en comunidades rurales en condición interina.
Seales dijo que el Ministerio de Educación en un principio aseguró a la Defensoría del Pueblo que existían las vacantes, ahora niegan tenerlas ni poseer la partida económica para proceder a la contratación. Conocemos que existe por lo menos unas 600 vacantes libres en diferentes partes de la geografía nacional.
"Nos sentimos frustrados y burlados por el Ministerio de Educación, porque se ha mostrado indiferencia ante este problema educativo", resaltó.
Por otra parte, el defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, quien actúa de mediador, lamentó la falta de voluntad por parte de las autoridades de Educación en resolver las aspiraciones laborales de los 36 maestros y profesores que se mantienen en la ciudad capital a la espera de ser nombrados permanentes en un centro de educación del país.
Indicó que se encuentran a la espera de una respuesta por parte del ministro de la Presidencia, Rafael Mezquita, quien se comprometió con la Defensoría a realizar las gestiones tendientes a encontrar una solución al reclamo de los docentes.
DETALLES: PROFESORES
Seales dijo que el Ministerio de Educación en un principio aseguró a la Defensoría del Pueblo que existían las vacantes, ahora niegan tenerlas ni poseer la partida económica para proceder a la contratación.