El período de transición tras la elección de un nuevo gobierno parece excesivo. Durante cuatro meses, prácticamente la administración pública se paraliza al igual que la inversión priva, esperando la toma de posesión de los nuevos gobernantes.
Este es uno de los temas que deben ser objeto de modificaciones en las futuras reformas a la Carta Magna, que requiere el país.
Un plazo de dos meses a lo sumo sería el término ideal para coordinar el traspaso ordenado del gobierno.
El acortar el tiempo de la transición de un gobierno a otro reduce a la vez el nerviosismo entre los servidores públicos, que tiemblan cada vez que cambia una administración.
Es lógico y comprensible para todos, que los altos cargos deben ser reemplazados, pero la realidad demuestra que cuando se sustituye una administración comienza una barrería en todos los niveles.
Frente a esa eventualidad, organismos cono la Federación Nacional de Servidores Públicos debe cumplir su papel de defensa de los funcionarios eficientes y honestos, que sean destituidos sin causa justificada.
De igual modo, se hace necesario una verdadera implementación de la Ley de Carrera Administrativa, para evitar los sobresaltos de cada cinco años y procurar los mejores talentos para el sector gubernamental.
Esperamos que la transición se lleve a cabo de la mejor manera y que los funcionarios salientes suministren la información necesaria a los representantes del nuevo gobierno, en todo caso se trata del Estado, que pertenece a todos y no a ningún partido en particular. ¡Ojalá que ambos sectores entiendan eso!.