El presidente de la comisión de Derechos Humanos, Rogelio Paredes, mostró su interés de gestionar ante las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la aprobación de una partida de B/.235 mil, para cancelar la deuda que el Estado mantiene con personas afectadas por la invasión militar de 1989.
La decisión del diputado se da luego que un grupo empresarios y personas afectadas con la intervención militar solicitaran al diputado su mediación para el pago de las indemnizaciones.
Sócrates Tuñón, vocero del grupo de afectados, planteó la necesidad que el gobierno asuma una responsabilidad eludida por la pasada administración.
