El llamado G-20 integrado por los ocho países más industrializados, las 11 naciones con las principales economías emergentes y la Unión Europea como bloque, debe abocarse en pocos días a debatir propuestas para prácticamente acabar con los paraísos fiscales.
Panamá figura en una lista de 35 paraísos fiscales elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ese listado puede ser la base de trabajo del G-20, cuando se reúna a partir del 2 de abril.
Con sus finanzas de vuelta y media, las grandes potencias buscan evitar que sus ciudadanos o empresas evadan el pago de impuestos y prefieran cotizar en los llamados paraísos fiscales, donde las tasas son menores. Es básicamente un problema de recaudación en momentos en que las vacas están flacas, sobre todo tomando en cuenta que según las cifras de la OCDE, los paraísos fiscales mueven fortunas valoradas en 11 mil millones de dólares.
Uno de los pilares de la economía panameña es el sector servicio con su sistema bancario y su régimen de sociedades anónimas. Por años Estados Unidos ha presionado a Panamá, para investigar aspectos fiscales y ahora de seguro aprovechará la situación para impulsar esa vieja aspiración.
El presidente de EEUU Barack Obama ha sido un enemigo de los paraísos fiscales y ya en el año 2007 propuso un proyecto en el Senado, que aplicaba sanciones financieras contra esas jurisdicciones.
Para los especialistas, lo correcto sería ceder información en casos concretos de investigación de evasión fiscal y no cuando se trate de las llamadas expediciones de pesca, donde se lanza la red para qué o quién cae.
Los funcionarios, banqueros y abogados panameños deben ir preparando una lista de medidas para ponerse acorde con los tiempos y que no se nos incluya en una nueva lista negra, sobre todo ahora que se ha desatado el escándalo en torno a los dineros de David Murcia y su pirámide.