En las últimas dos semanas, el país ha entrado a una vertiginosa convergencia de enredos jurídicos, desaciertos gubernamentales, mayúsculos escándalos de corrupción y hasta un supuesto atentado contra la seguridad del Presidente de la República.
Luego de un llamado de indagatoria a Ernesto Pérez Balladares, que inicialmente no terminó con el arresto preventivo del ex mandatario, la Procuradoría de la Administración inició una investigación contra la Procuradora General, Ana Matilde Gómez, quien podría ser separada del cargo.
Esta misma semana estalló el escándalo del decreto que rebajaba el salario mínimo a los empleados de ingenios azucareros, dos semanas después de que el gobierno hubiese aprobado un aumento del salario mínimo a nivel nacional. Tras defender la medida durante varias horas, la Ministra de Trabajo, Alma Cortés, tuvo que dar la cara en la decisión del gobierno en ponerle reversa al decreto.
Mientras esto ocurría, el aparato gubernamental manejaba con el mayor secretismo un supuesto intento de secuestro del Presidente Ricardo Martinelli, que involucraba a dos miembros de su propia escolta, y a un ciudadano de Puerto Rico. El mismo día que todo estalla, se anuncia que el Ejecutivo creará a discreción y por decreto un nuevo organismo de inteligencia.
Para terminar de revolver el país, un informe de auditoría privado que estuvo oculto durante meses en el Fondo de Inversión Social, fue hecho público, revelando la supuesta implicación de 19 diputados en un fraude de 12 millones de dólares.
Esperemos que sean escuchadas las advertencias del sector privado sobre excesiva acumulación de poder en el Ejecutivo, y de la Iglesia Católica hacía sobre una "peligrosa desestabilización", por falta de independencia en los poderes el Estado.
