La justicia es elemento esencial en toda democracia. En Panamá, la administración de la justicia ha perdido imagen. La suspensión de jueces tras una auditoría es una pequeña muestra de lo que sucede, pero ese tipo de acciones también deben llegar a la cúspide de ese Organo del Estado.
Las medidas contra jueces penales y civiles suspendidos en base al Acuerdo 398, que permite separar a los funcionarios judiciales mientras sus superiores los investigan, es demostrativo que algo está podrido en el poder judicial.
Sin embargo, la soga no sólo debe reventar por el lado más delgado. En la propia Corte Suprema de Justicia hay expedientes que reposan por años y no emite una sentencia. �Quién audita a esos magistrados? Hay que predicar con el ejemplo, de lo contrario no se tiene autoridad para sancionar.
Por años ha estado en el pleno de la Corte el caso CEMIS y no hay forma de que se defina la reapertura o no de las investigaciones de uno de los más grandes escándalos registrados en el país.
Todavía recordamos las revelaciones hechas por la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon, revelando que algunas diferencias en la máxima Corporación se resolvían a los puños.
A eso hay que sumarle los fallos controversiales, los magistrados que llegan mediante una cuestionada selección o la mora judicial, donde los casos de los poderosos se resuelven a la velocidad de la luz y los de los pobres diablos duermen en los archivos del Palacio de Justicia. .
Las auditorías son buenas y deben ser permanentes, pero no deben limitarse a los tribunales de circuito, sino a todas las instancias del Organo Judicial, para que la justicia sea igual para todos y no de manera selectiva.