La Procuraduría General de la Nación reiteró una vez más el estado de ciertos casos de alto perfil, los cuales se encuentran en la Corte Suprema de Justicia.
Uno de ellos guarda relación con el escándalo de corrupción para aprobar el proyecto CEMIS, cerrado y su reapertura fue solicitada ante la Corte Suprema de Justicia el 3 de marzo del 2005, por el propio Secretario General del Ministerio Público, Rigoberto González Montenegro.
Otro caso crudo guarda relación con un informe de la Contraloría y se envió el expediente a la Fiscalía Segunda Anticorrupción, quien conoce del caso el 7 de abril del 2006.
El Juzgado Tercero Penal, el12 de abril de 2006 estableció fianza a favor de Dalvis Xiomara Sánchez, funcionaria del Ministerio de la Presidencia durante el mandato de la mandataria Mireya Moscoso.
La fianza se cuantificó en 75 mil balboas, resolución apelada por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, resolviendo el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante auto 81, del 16 de mayo de 2006, aumentar la fianza de excarcelación a 150 mil balboas.
El 11 de septiembre del presente año, se ordenó su indagatoria, pero ella acogió al artículo 25 de la carta magna, que señala que ninguna persona puede declarar contra si misma.
Otro caso de alto perfil, fue el rechazo que dictó la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de 20 de septiembre de 2006, anuló el laudo arbitral que declaraba la obligatoriedad del pago al estado.
Este proceso comenzó mediante laudo arbitral, donde la ATTT, Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y subsidiriamente el estado panameño, fueron condenados a pagarle a Laurent Jean-Marc Parienti, la suma de 32, 521, 683, 00 balboas, proceso de arbitraje que no contó con el concepto favorable del Ministerio Público, violando lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 20 de la carta magna.
