La tipificación de los delitos de tortura y desaparición forzada con penas de 10 a 15 años, fue uno de los temas que quedaron pendientes en la agenda legislativa, que reanudará sesiones en enero del 2011.
La propuesta presentada por el Ejecutivo establece severidad en la sanción a quien incurra en el delito de tortura y aplique sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, castigo personal o medida preventiva.
La ministra de Gobierno, Roxana Méndez, proponente del proyecto de ley, afirma que el Código Penal actual tipifica de manera inadecuada, a la luz de los acuerdos internacionales, los delitos de tortura y desaparición forzada de personas, por lo que se ha propuesto un ajuste a estas normas jurídicas.
