El Presidente Ricardo Martinelli ordenó a todos sus ministros a cortar todos los fondos destinados a pagar asesorías y consultorías que fuesen consideradas innecesarias. Los dineros que resulten de este ahorro, servirían para la creación de un fondo destinado a dar aumentos a los funcionarios que se encuentran en el nivel de salario mínimo y a los que se aproximan a ese piso salarial.
Los planes del Ejecutivo implican que una vez la Comisión de Salario Mínimo termine de sesionar y el gobierno decrete el nuevo salario mínimo para el sector público y privado en diciembre, el gobierno esté en posición de anunciar y aplicar rápidamente un ajuste a los funcionarios que menos ganan.
La medida tiene sentido, en cuanto que el gobierno gasta millones en jugosos contratos de asesorías, consultorías y otros servicios que perfectamente pueden ser realizados por funcionarios de los propios ministerios y dependencias del Estado.
Por otro lado, es imposible que este gobierno de sermones al sector privado sobre mejorar los salarios si no está dispuesto a hacer lo propio con sus propios funcionarios de más bajo rango, entre los cuales aún pueden encontrarse personas que se encuentran incluso por debajo del nivel de salario mínimo.
Lo ideal es que una se aplique el ajuste salarial en el sector público -que debe ir cónsono con el costo de la vida actual-, el gobierno implemente una evaluación del personal público y medidas tendientes a mejorar la productividad y la eficiencia. Si bien es cierto que muchos empleados del Estado ganan muy mal para el trabajo que realizan, también lo es que un grupo de funcionarios que gozan de una mal ganada estabilidad, hacen muy poco, o nada.