El ataque a tiros a un fiscal por un hombre encapuchado, pone de relieve el nivel de la criminalidad existente en Panamá. Ese tipo de hechos no se daban antes en el país.
El ataque a jueces y fiscales era algo común en naciones como Colombia, cuando estaba en su apogeo la guerra contra los carteles de Medellín y Colombia, donde hubo que recurrir a los llamados jueces sin rostros, para evitar la represalia de la mafia contra los funcionarios que imparten justicia.
Sin embargo, en Colón se produjo el viernes un hecho similar. Un sujeto esperó al fiscal encargado y le propinó tres tiros en las afueras de su despacho. Al lanzar una mirada hacia atrás hay que recordar la muerte por envenenamiento del jefe de la Unidad de Investigaciones Sensitivas y la ejecución de tres sujetos en la autopista Arraiján-La Chorrera.
Son hechos que nos convierten poco a poco en un país con preocupantes índices de violencia. Aunque la Policía ha reforzado su presencia en las calles, hay otros elementos sociales que habría que analizar frente a la escalada de violencia.
Así mismo hay que tener equipos efectivos de investigación, para que los crímenes no queden impunes. Los investigadores panameños deben contar con equipo sofisticado para resolver de manera científica un asesinato y no esperar que mediante un soplo se resuelva un caso.
La delincuencia se perfecciona cada día, penetra los cuerpos de seguridad y tiene recursos muchas veces ilimitados. Frente a ello, las autoridades represoras del delito deben capacitarse permanentemente y entender que estamos frente a criminales profesionales y no ante los rateritos de barrio que cotidianamente se capturan en las esquinas de las llamadas zonas rojas de los distritos de Panamá, Colón y San Miguelito.