El Estado ha destinado 32 millones de dólares adicionales en aumentos a los miembros de la Fuerza Pública. El presupuesto en seguridad pública ya ronda los 500 millones de dólares, pero no hay mayor variante en cuanto a resultados. Cada semana se incrementan las estadísticas de homicidios.
En el año 2007 hubo 417 homicidios, en el 2008 se elevó a 593 y en apenas el noveno mes del 2009, el número de asesinados ya llegó a los 480.
Se alega que las más recientes víctimas son producto de una guerra entre pandillas o elementos ligados al tráfico de drogas y el sicariato, pero el problema es que el asunto está fuera de control y en cualquier momento, las víctimas serán personas inocentes ajenas a esa pugna.
El gobierno de Ricardo Martinelli prometió cambios en materia de seguridad, pero los resultados no lo demuestran.
Lo peor de todo es que gran parte de esos homicidios quedan en casos sin resolver en los despachos de los Fiscales o Tribunales Superiores de Justicia.
Los esfuerzos para reforzar la seguridad deben ser permanentes y no en operativos esporádicos en ocasión de una festividad nacional o una situación especial. La población reclama reacción rápida de la Fuerza Pública.
De igual modo, se requiere una acción eficiente de la justicia, donde se le aplique la ley a quien delinque, sin importar apellidos o clase social. Sólo si se ejecutan esas acciones, se podrán ir reduciendo poco a poco, los niveles de la delincuencia en Panamá.