La prórroga de un año para la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio se debió a factores presupuestarios, pero principalmente a la carencia de adiestramiento técnico dentro la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y en el Instituto de Medicatura Forense.
La Procuradora Ana Matilde Gómez no tuvo reparos en manifestar que desde que la Ley Nº69 reestructuró la PTJ varios elementos obstaculizaban la puesta en práctica del Sistema Acusatorio por la escasez de personal y por la falta de idoneidad y preparación de los peritos.
El mismo criterio mantuvo la jefa del Ministerio Público (MP) en el caso del Instituto de Medicina Legal, Ciencia y Criminalística.
"Ellos no estaban listos, hay que nombrar más personal, hay que llevar los peritos al grado de certificación de idoneidad, hay que comprar todo lo vinculado al embalaje de la evidencia y cadena de custodia de las pruebas que es fundamental en el Sistema Acusatorio", afirmó la funcionaria.
De las palabras de Gómez se interpreta que tanto la Ley Nº 69, que reformó la antigua PTJ, y la Ley Nº50, que "irrumpió" en el Instituto de Medicina Legal, fueron elementos que afectaron la actualización de ambas entidades para que pudiesen estar listos para la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio.
La funcionaria indicó que con la nueva administración gubernamental se están dotando los recursos económicos para la implementación del sistema, como los son $5 millones para el Ministerio Público, $4 millones para la Corte Suprema y $1.4 millones para la operatividad de Medicina Legal.
La implementación del Sistema Penal Acusatorio se postergó hasta septiembre del 2010 por instrucción de los miembros del Pacto de Estado por la Justicia.
Al concluir dicha reunión se designó una comisión encargada de elaborar el cronograma con las fechas y presupuesto que necesita cada institución para la ejecución del sistema, ya sea para iniciar en enero del próximo año o septiembre.
El Sistema Penal Acusatorio estaba programado para iniciarse en Coclé y Veraguas en su primera fase, y luego en Herrera y Los Santos, a partir del 2 de septiembre.