Cuando se produjo la tragedia en el que murieron calcinados 18 pasajeros de un autobús, era el momento propicio para iniciar el cambio del sistema de transporte público de pasajeros. Se dejó correr el tiempo y en la proximidad de una contienda electoral, es difícil promover ajustes, reemplazando a los pequeños empresarios que hoy explotan el negocio para concederlos a dos compañías.
Los distritos de Panamá y San Miguelito amanecieron con un servicio de transporte a medias. No circularon gran parte de los 2,500 autobuses que cada día trasladan a casi 600 mil pasajeros a sus trabajos, colegios y otros destinos.
Para colmo de males, al movimiento de los llamados "palancas" se han sumado sectores universitarios y el movimiento beligerante de Frenadeso.
Para algunos lo más correcto es que el gobierno prosiga con su proyecto de Transmóvil, introduciendo los 420 autobuses nuevos dotados de aire acondicionado y que luego permita el ingreso de las dos compañías contempladas en su propuesta. Los "diablos rojos" podrán circular paralelamente y será el usuario el que escoja al que mejor servicio le dispense.
Así el gobierno se ahorraría los 80 millones que se contempla en indemnización a los dueños de autobuses y esa suma muy bien se puede utilizar en construir nuevas carreteras y puentes para descongestionar el tráfico en el área metropolitana.
Esa sería una primera fase mientras se contempla la construcción de un sistema de transporte masivo de pasajeros menos agresivo contra el ambiente, moderno y eficiente.
Lo que sucede hoy es consecuencia de no adoptar las medidas en el tiempo preciso y hoy se pagan sus costos. Tras la espantosa muerte que sufrieron 18 compatriotas el 23 de octubre del año 2006, el gobierno debió adoptar las acciones del caso, pero la pesada burocracia se empantanó y hoy a destiempo adopta medidas, que son rechazadas por la base del transporte que ha rebasado a su dirigencia.