El procurador encargado, Guiseppe Bonissi deberá viajar esta semana a Costa Rica para promover las acciones penales y civiles contra el diario digital El País, que reportó un distanciamiento de Washington con el Gobierno panameño, relacionó al mandatario Ricardo Martinelli con las operaciones de lavado de dinero de su primo Ramón Martinelli e insinuó que los israelitas estaban a cargo de la seguridad del Canal de Panamá.
El Consejo de Gabinete instruyó a Bonissi para que contrate los servicios de asesoría necesarios en Costa Rica para defender los intereses del Estado en los procesos contra las personas jurídicas y naturales en las publicaciones.
El Gobierno alega que las publicaciones difamatorias han puesto en riesgo la economía nacional, el crédito público, así como la seguridad y funcionamiento del Canal.
Bonissi desarrolla actualmente los interrogatorios del caso CEMIS. Ayer, el sindicalista Marcos Allen y el ex legislador Francisco Reyes rindieron declaración jurada en la Procuraduría.
Allen dijo que fue preguntado sobre si conocía si hubo pagos a legislarores en el año 2002 por la aprobación del contrato. El interrogado explicó que, como dirigente de los desempleados de Colón, apoyó ese proyecto porque consideraba que sería positivo para la provincia.
En tanto, Francisco Reyes manifestó que la investigación no le daba ni frío ni calor, porque no estuvo envuelto en nada pecaminoso.
Para hoy deben rendir declaración los ex legisladores Pedro Miguel González y Gloria Young.
Además, trascendió que el Ministerio Público giró impedimento de salida para algunos de los investigados en el caso CEMIS, pero cometió el error de incluir en la petición a algunos políticos que gozaban de fuero electoral.