Frente a la imparable ola de asesinatos, ejecuciones y otros delitos violentos, el gobierno ha propuesto aumentar hasta en 50 años la pena de prisión a los que incurran en un concierto de delitos. Ya hace poco, se incrementó la pena máxima de 20 años a 35 años tras los barrotes, pero no hubo un descenso en las estadísticas criminales.
Sucede que las leyes existen en Panamá, pero no se cumplen. Los casos de ejecuciones se acumulan en los despachos judiciales y fiscalías, pero no hay culpables. Las cárceles están llenas de delincuentes que no son llevados a juicio y que se la pasan todo el día, perfeccionando sus técnicas delictivas, en vez de hacer algo productivo a favor de la sociedad.
Bien o mal, la población penitenciaria tiene asegurada sus tres golpes de comida, cuando lo correcto es que debieran ganarse ese sustento diario realizando obras en las comunidades: pintando escuelas y edificios públicos, cortando los herbazales, limpiando ríos y quebradas o reparando el mobiliario escolar.
Las autoridades pueden imponer cadena perpetua a los asesinos, pero si la justicia no funciona, la ola delictiva seguirá creciendo y cada día será peor.
En seguridad el país gasta anualmente más de 500 millones de dólares, una suma que parece alta para un país con apenas tres millones de habitantes. La Policía Nacional ahora tiene cámaras de vigilancia en todos lados y no hay mayores resultados. Ahora pide mejor armamento -lo cual es aceptable porque no se puede enfrentar a la mafia con pistolitas - pero la comunidad espera que eso se traduzca en seguridad para los asociados y que no sea sólo un mero acto propagandístico para salir en los medios de comunicación social.