El establecimiento de distintos topes económicos para los gastos en campañas políticas amenaza con romper el buen ritmo de debate desarrollado hasta el momento por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde convergen partidos políticos y sociedad civil.
La agenda pendiente en el debate de reforma abarca la definición de aspectos de transparencia, rendición de cuentas y combate contra la corrupción dentro de los partidos políticos.
Igualmente, están por definirse puntos como la aprobación de la libre postulación a todos los cargos de elección popular y la reglamentación para la posible convocatoria ciudadana de una Asamblea Nacional Constituyente, además de la regulación del periodo de duración de la publicidad electoral.
PLAZO PARA SEPARACION DE CANDIDATOS
Se aprobó el establecimiento de un plazo para que los funcionarios públicos que opten por participar de la contienda electoral, tengan que separarse de sus cargos seis meses antes de la elección.
El presidente de la Asamblea, alcaldes, ministros, viceministros de Estado, secretarios, subsecretarios y directores nacionales, regionales y provinciales de los ministerios, figuran en la lista de funcionarios que deberán hacer campaña electoral fuera del cargo público.
Dentro de la obligatoriedad para la separación del cargo se incluyen los administradores, sub administradores, gerente, subgerente nacional, general, regional y provincial de entidades autónomas y semi-autónomas. La propuesta fue aprobada con ocho votos a favor y dos abstenciones.
Así mismo, la norma se aplicará a quienes durante el inicio del periodo electoral ostenten los cargos de fiscal electoral, contralor, sub contralor, funcionarios del Ministerio Público, Defensor del Pueblo, gobernadores, corregidores y miembros de la Fuerza Pública.
PRESOS PODRAN VOTAR
Los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales aprobaron la propuesta que permitiría a los presos detenidos de forma preventiva votar para escoger el próximo presidente de la República en el 2009.
La propuesta fue impulsada por representantes de la sociedad civil y de la pastoral penitenciaria, con resistencia de los representantes de los partidos políticos.