Estados Unidos ha vuelto a destacar las flaquezas del sistema penitenciario y la percepción de corrupción en las filas de la justicia panameña.
Esos cuestionamientos surgen en el Informe Anual en materia de derechos humanos que prepara el Departamento de Estado.
Por años, se han dado señalamientos internos y externos contra la justicia. Presiones para emitir los fallos, cuestionamiento al proceso de selección de los magistrados y fallos cuestionados.
Igual ocurre con el Sistema Penitenciario. Desde décadas se padecen los mismos problemas: hacinamiento y condiciones infrahumanas. Las cárceles no rehabilitan al reo, sino que otorgan doctorados en delincuencia a los reclusos.
En las cárceles del país hay casi 12 mil presos. En pequeñas celdas hay hasta 20 presos hacinados. La justicia y los abogados defensores demoran en procesar a los detenidos.
La procuradora Ana Matilde Gómez reconoció las debilidades del sistema, expresando que no se puede defender lo indefendible.
El reconocimiento es valedero, pero lo más importante es tomar las medidas correctivas, para sacar al país de esa cuestionable lista de paìses violadores de derechos humanos.
Al mismo tiempo, Estados Unidos también debe incluirse en el análisis que en materia de derechos humanos hace al resto del mundo y no convertirse en un auditor de otros, pero omito reconocer mis propios errores.