Al cierre de la Jornada Presidencial contra la Delincuencia Organizada, los presidentes de Guatemala, Colombia, México y Panamá acordaron la conformación de un frente común para el combate al narcotráfico y el crimen organizado.
Se trata de un esfuezo conjunto sin precedentes en la región que busca desesperadamente ponerle un freno a los carteles de la droga, quienes con su violencia, sobornos y amenazas tienen a estas naciones en una verdadera crisis de gobernabilidad.
Parte de los acuerdos implican la creación de un grupo de alto nivel encargado de coordinar el intercambio de información en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado. Es una decisión que tiene sentido, siempre y cuando todas las naciones realicen una estricta purga en sus organismos de seguridad, ya que los tentáculos de los capos de la droga han podido penetrarlos profundamente, ya sea con cualquiera de las infames dos P: "Plata o Plomo".
Es harto conocido que los carteles evaden la justicia valiéndose de informantes dentro de los cuarteles de policía, juzgados y tribunales, fiscalías y demás organismos dedicados a administrar y aplicar las leyes.
De no realizarse esta imprescindible tarea, cualquier iniciativa de intercambio de información, o esfuerzo concreto de sacar de circulación a los peces gordos se nos devolverá como un boomerang. La vida de agentes, funcionarios y civiles estaría en peligro si la información a intercambiar está siendo filtrada a los carteles.
Tenemos que tomar en cuenta que los capos de la droga son individuos con vastos recursos económicos, capaces de sobornar o matar a cualquiera que se interponga en sus operaciones. El combate al crimen no puede funcionar si no se barre de adentro hacia afuera.