El pleno de la Asamblea Nacional analizará esta semana en segundo debate el proyecto de ley que pretende sancionar con un máximo de seis años de prisión a aquellas promotoras de viviendas que deliberadamente desarrollen proyectos que provoquen peligro a la vida humana.
La iniciativa, debatida en el marco de reformas a la ley de delitos ambientales, contempla una sanción penal a los representantes de las empresas promotoras que incumplan en la realización de los estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales o programas de adecuación y manejo ambiental.
Cabe destacar que la propuesta pretende evitar que se repitan las inundaciones del pasado 17 de septiembre, situación originada por la falta de planificación en la construcción de la urbanización Prados del Este.
El proyecto señala que el servidor público que otorgue permisos o autorizaciones de obras o proyectos en planicies inundables o de alto riesgo será sancionado con prisión de 3 a 6 años y la inhabilitación para el ejercicio del cargo por el mismo periodo.
