Alberto Fujimori fue extraditado a su país para que enfrente procesos en Perú por cinco delitos de corrupción y dos de violaciones a los derechos humanos. El hombre que gobernó a la nación peruana desde el 18 de julio de 1990 hasta el 17 de noviembre de 2000, huyó a Japón y en noviembre de 2005 regresó a Chile, donde fue nuevamente detenido. La justicia chilena acogió una petición de Lima para extraditarlo.
Habría que hacer un paralelismo entre Fujimori y el caso del exgeneral Manuel Antonio Noriega. El sistema peruano no tuvo miedo de traer de vuelta al expresidente para sentarlo en el banquillo de los acusados.
En Panamá, hubo un manejo extraño para exigir la repatriación de Noriega para que cumpla las condenas por los homicidios de Hugo Spadafora, Moisés Giroldi y la llamada "Masacre de Albrook". Al final, Estados Unidos ha dado preferencia a una solicitud de extradición hacia Francia, donde enfrenta un proceso por lavado de dinero.
La extradición de Fujimori adoptada por la Corte Suprema de Chile es un mensaje para los dictadores. Los jefes de Estado que cometan abusos o roben los dineros del pueblo, no podrán escapar fácilmente del brazo de la justicia, por más que busquen refugio en otros países.
Fujimori, de 69 años, pasó de ser el gran poderoso del Perú a un recluso. Allá en Lima se encontrará con su exjefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, quien de seguro será uno de los testigos a los que acudirá la justicia peruana y hasta el mismo expresidente, cuando se avancen los procesos judiciales.
Ojalá que justicia cumpla su papel frente al reto que representa llevar al banquillo de los acusados a un hombre poderoso y conocedor de tantos secretos como Fujimori.