El Ministerio Público avanza en la investigación del presunto desfalco de los más de 10 millones de dólares que se destinaron para la remoción de la fibra de vidrio en los planteles educativos durante la gestión presidencial de Martín Torrijos.
Las pesquisas que adelanta el Ministerio Público hasta el momento parecen ceñidas a Derecho y respetando el debido proceso. En ellas no ha habido consideraciones especiales con los dos ex ministros de Estado que se vinculan al proceso, como ha ocurrido en otros casos.
Eso es lo que espera la opinión pública, que los agentes de instrucción hagan su trabajo libremente y que realmente la justicia en Panamá sea ciega.
En el marco de esta investigación, el Tribunal de Cuentas ordenó recientemente la cautelación de 1, 498, 749 dólares a los directores de Ingeniería y fiscalizadores del Ministerio de Educación de la época, así como también a los contratistas involucrados.
Esta es una suma que resulta importante y que en caso de que los vinculados sean declarados culpables de los cargos que se le imputan, envía un mensaje positivo a la comunidad: Quien intente aprovecharse de los fondos públicos, no podrá evitar el castigo por la vía penal y pecuniaria.
El presunto mal uso de estos fondos es uno de los peores escándalos de corrupción en la historia reciente del país. La sociedad espera que al final este caso establezca un precedente positivo en la historia jurídica del país, esclareciendo qué ocurrió con esta fuerte suma de dinero y cuál fue el papel de cada vinculado en este escándalo.