En febrero del año 2006 bajo el argumento de que no se estaban ejecutando las obras en las escuelas del país, debido a la burocracia para utilizar los recursos del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), se decidió no someter el uso de éste al control previo. Ahora nos desayunamos con la detección de peculados en el manejo de esos dineros.
El control se eliminó para aquellos planteles educativos que recibían ingresos del FECE menor a 15 mil dólares. Para entonces se anunció que se estarían publicando informes cuatrimestrales para que la comunidad conociera cómo se estaba utilizando la plata que proviene del 27% del Seguro Educativo que cotizan todos los trabajadores y empresarios.
Cada año el monto del FECE supera los 21 millones de dólares. Resulta imposible que en una Región del Area Metropolitana como San Miguelito en dos años se robaran más de 800 mil balboas y nadie se diera cuenta.
En esta situación tienen un papel responsable los auditores de la Contraloría y el Ministerio de Educación. Es como hacer fiesta con lo que nada nos cuesta. ¿Qué sucedió que no se detectó esa situación con el control posterior?
Ese hecho nos pone a dudar del manejo que puede correr el Programa de Desarrollo Comunitario para Infraestructura Pública (PRODEC), que de aquí al año 2015 tendrá a disposición 500 millones de balboas para financiar obras que se requieren en los 621 corregimientos del país.
La experiencia demuestra que Panamá no es un país donde se puede relajar el control sobre los gastos públicos, porque los beneficios en vez de llegar a las comunidades se quedan en los bolsillos de unos cuantos aViva, Crítica en Líneatos.
¡Ojalá que lo sucedido sirva para establecer mecanismos efectivos de control!