La población penal del país espera el resultado de la discusión, por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, de la ley que permita a los privados de libertad por casos administrativos, laborar además de conmutarles dos días de arresto por uno de trabajo.
Rogelio Paredes, presidente de esta comisión, indicó que el proyecto de ley busca además crear incentivos para las empresas que accedan a establecer fábricas de productos en serie, cerca de los centros penales.
Un proyecto de este tipo se estaría contemplando para las cárceles de La Joya y La Joyita, lo que permitiría a los detenidos obtener un ingreso familiar para ayudar a sus familias.
Entre algunas de las fábricas que se han contemplado está una bloquera, aclarando que de los ingresos que perciba el detenido, una parte iría a una cuenta bancaria, otra a sus familias y el resto para sus necesidades.
El mismo fue presentado el 27 de septiembre por el legislador Jorge Hernán Rubio.
