El abogado Rosendo Miranda renunció ayer, martes, en forma irrevocable al cargo de Fiscal Segundo de Drogas.
"Las medidas que hoy toma la Procuraduría no me garantizan seguridad ni a mi familia ni a mi, renuncio irrevocablemente a partir de la fecha, al cargo de Fiscal Segundo Superior de Drogas", indicó el letrado en parte de su carta pública.
"Veo con preocupación el retorno a la Procuraduría General de la Nación, de una vieja y desaparecida práctica de amañamientos, destinada a crear culpables allí donde no los hay, y a justificar revanchas y malas pasiones", manifestó el abogado.
"Para justificar mi separación del cargo, se ha sostenido que no fui autorizado para la venta judicial de 40 meses, incautadas al ciudadano de origen colombiano John Brayan Buitrago, cuya detención ha sido avalada por la Corte Suprema de Justicia, pero tal cual lo evidencia el pronunciamiento de la propia Corte, después que el juzgado XIV acogió mi petición de administrar esos bienes" se hizo una interpretación en justo derecho", indicó Miranda en su carta.
"Yo no aspiraba a convertirme en un fiscal ganadero y menos a quedarme con un dinero mal habido. Como administrador judicial responsable y fundado en informes sobre limitación de pastos, afectación de fincas colindantes y el deterioro progresivo de las reses, ordené su venta y el dinero obtenido se depositó en la Cuenta de Custodia de la Procuraduría General de la Nación, en el Banco Nacional", expresó el ex Fiscal Segundo de Drogas.
"Si el Señor Buitrago y las preocupadas autoridades de la Procuraduría demuestran que él no es un narcotraficante, sus bienes están a buen recaudo y son perfectamente recuperables", manifestó Miranda.
"Pero él, y las actuales autoridades del Ministerio Público deben demostrar primero que no se trata de un delincuente, que no se le vincula a la decapitación de dos ciudadanos hondureños en "La Quijada del Diablo", provincia de Chiriquí y que no es requerido por las autoridades hondureñas por blanqueo de capitales", indicó.
El funcionario señaló que el Ministerio Público trata de presentar ante la ciudadanía anunciadas auditorías respaldadas en quejas de abogados.
