Esto representa un cambio radical en la posición que había mantenido hasta ahora el estado salvadoreño, que se había negado a aceptar el informe presentado en el 2000, mediante el cual la CIDH lo declaró responsable por la violación del derecho a la vida de monseñor Romero.
Según ese reporte, hubo una "manipulación de la justicia con evidente abuso y desviación de poder", lo que impidió la sanción de los responsables.
En la última jornada de período de audiencias en la sede de la Comisión en Washington, el Gobierno de El Salvador anunció el reconocimiento del "carácter vinculante del informe" sobre la muerte de Romero.
"El estado de El Salvador tiene una trayectoria de incumplimiento a las decisiones dictadas por la CIDH", reconoció en diálogo con BBC Mundo el director de Derechos Humanos de la cancillería salvadoreña, David Morales, quien fue el encargado de hacer el anuncio.
"NUEVA ERA"
En su presentación ante la CIDH, la delegación salvadoreña habló del surgimiento de una "nueva era" de colaboración con las instancias internacionales y los grupos de defensa de los derechos humanos.
El nuevo Gobierno del presidente Funes pretende dar un giro con este nuevo enfoque de respetar las obligaciones internacionales de derechos humanos y avanzar en acciones concretas de cumplimiento.
Según David Morales, director de DD.HH. de la Cancillería salvadoreña, "el nuevo Gobierno del presidente Funes pretende dar un giro con este nuevo enfoque de respetar las obligaciones internacionales de derechos humanos y avanzar en acciones concretas de cumplimiento".
Entre esas acciones concretas, Morales habló de acatar la orden de reparación de las víctimas, en este caso familiares de monseñor Romero, así como de una iniciativa de honrar la memoria del religioso consagrando una plaza en su honor en San Salvador y produciendo un video documental para la "perpetuación de su legado".
En cuanto a una eventual derogación de la Ley de Amnistía de 1993, que impide que sean procesados responsables de abusos de derechos humanos, Morales advirtió que "depende de instancias independientes del Ejecutivo".
Aunque Morales reconoció que hay un "tabú político muy grande" en ciertos sectores salvadoreños, dijo que es necesario "que se abra una discusión incluyente sobre cuál es la forma más adecuada de reconciliación, sin discriminación a las víctimas de derechos humanos esta vez".
CRIMEN EN LA MISA
Mientras, en la CIDH se le dio la bienvenida al cambio de postura oficial salvadoreña y se le pidió al Gobierno entregar en 30 días un primer informe de seguimiento de las labores realizadas en el caso.
Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ya en vida considerado un símbolo en la lucha por los derechos de los menos favorecidos en El Salvador, fue asesinado por un atacante solitario cuando oficiaba una misa en marzo de 1980.
Investigaciones posteriores determinaron que el asesinato tuvo motivaciones políticas y fue planeado desde sectores ultraderechistas salvadoreños.
En 1993, una comisión creada por Naciones Unidas culpó de la autoría intelectual del crimen al entonces mayor del Ejército Roberto D'Aubuisson.
Pese al cambio de actitud anunciado, el Gobierno de Funes no ha ofrecido disculpas públicas, como han exigido algunas organizaciones de derechos humanos.
Monseñor Romero sigue siendo un símbolo de las luchas por los derechos civiles en América Latina y tiene el rango de Siervo de Dios, concedido por el papa Juan Pablo II.
Su proceso de canonización sigue, en base a lo que los promotores de su santificación consideran el "martirio" del prelado.
