Las partidas secretas no tienen razón de ser. Al final sólo sirven para que los mandatarios de turnos gasten dinero del Estado para comprar artículos que deberían pagar de su propio pecunio.
El manejo confidencial de fondos asignados a la Presidencia fue una herencia de los gobiernos que funcionaron durante el régimen militar y en democracia se mantuvo.
Es evidente que hay gastos imprevistos, pero para ello existe el mecanismo de los créditos extraordinarios que pueden ser autorizados por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, previa solicitud del Ejecutivo.
El secretismo no tiene razón de ser en el manejo de los fondos públicos; el Estado no es la hacienda particular de ningún mandatario y por ende no deben existir partidas secretas.
La revisión de los desembolsos realizados por los gobiernos de Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso revelan que parte de esos dineros se utilizaron para cubrir gastos que no eran imprescindibles.
Ahora, el mandatario Martín Torrijos nos anuncia que publicará trimestralmente los informes sobre el uso de esos dineros. La medida es adecuada, pero al mismo tiempo debe haber una reglamentación que impida utilizar esos dineros en regalos, viajes y otros gastos innecesarios. En todo caso, se deben cubrir situaciones imprevistas y de emergencia.
En dos periodos presidenciales se fumigaron 50 millones de dólares. Es cierto que se le otorgó ayuda a personas humildes para cubrir gastos de operaciones, pero también es una realidad que hubo despilfarro.
La pregunta que surge también es dónde estaba la Contraloría que no advertía ese tipo de situaciones. El divulgar informes luego que todo está consumado, sólo es para salvar cara. Lo que se imponía era evitar el despilfarro.