Hoy se conmemora un año de la tragedia que cobró la vida a 18 panameños que murieron calcinados a bordo del autobús 8B-06. Las investigaciones concluyeron con una solicitud de encausamiento para el chofer, el dueño del vehículo y el mecánico.
Sin embargo, la responsabilidad es mayor. Se trata del fracaso de todo un sistema de transporte y de las autoridades designadas para vigilar la operación de las líneas de bus que sirven en el país.
Un año después, lo que se ha hecho es casi similar a las acciones tomadas en torno al envenenamiento con dietilenglicol. Nada o poco son los avances en los dos casos, salvo las responsabilidades penales que se puedan derivar.
En materia de transporte, se aprobó una ley en que lo único novedoso es permitir que compañías extranjeras y nacionales puedan incursionar en el negocio del servicio de traslado de pasajeros.
Aparte, se han generado una serie de negocios: se elevó el costo de las boletas por infracciones de tránsito y se introdujo un nuevo sistema de licencias que duplicó el costo de éstas.
Poco se reforzó la labor de prevención e inspección que debe realizar la Autoridad del Tránsito para garantizar que los autobuses presenten adecuadas condiciones mecánicas. Cumplir esa labor no es complicado. La revisión se puede hacer en las diversas piqueras del país, pero hace falta voluntad para ello.
De que vale introducir un nuevo sistema de transporte, si al cabo de unos meses no se le brinda el mantenimiento y los funcionarios responsables no cumplen las inspecciones.
A quienes perdieron a seres queridos en el incendio del autobús 8B-06, nuestras expresiones de solidaridad. Ojalá que mucha gente envuelta en el tema del transporte no sea tan indolente y hagan un esfuerzo por mejorar las condiciones en que diariamente viajan miles de panameños que se ven en la necesidad de abordar un diablo rojo.