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A propósito del referéndum el próximo 22 de octubre, en torno al tema de la ampliación del Canal de Panamá, ha salido a relucir como argumento de tractor de la propuesta de progreso aludida el argumento falsario, que los Estados Unidos de acuerdo con el tratado de neutralidad permanente, puede vetar la decisión soberana de la República de Panamá a través de la Autoridad del Canal de Panamá de fijar todo lo pertinente a la política de fijación de precios (peajes) por el uso de nuestra empresa.
Se trata de un argumento que únicamente puede ser entendido por los grados de subjetividad y apasionamiento político de quienes han convertido un oficio, la oposición por la oposición y el recalcitrante odio a la gestión positiva que viene realizando la Patria Nueva. Se trata de sectores por fortuna muy minoritarios y personajes que se quedaron rezagados y le cuesta entender y reconocer que el Panamá de hoy es el Panamá que tiene la titularidad y todas las facultades que se derivan de este derecho sobre el Canal de Panamá. El hecho de que en materia de peajes la ACP, tratándose de una empresa que opera con un sentido comercial y que sirva al comercio marítimo internacional, tenga como política consultar a sus clientes o usuario, no traduce ningún derecho de veto, ni de los estados Unidos ni de ningún otro país al derecho que tiene Panamá de fijar en última instancia la política de precios por el uso del Canal. Precisamente el articulo III del Tratado de Neutralidad Permanente lo que propicia son estos mecanismos de consultas y los conceptos de equidad y de justicia en las relaciones del Canal con su respectivos usuarios es lo que lleva, con relación al tema de la ampliación, a fijar los peajes de tal suerte que sean estos últimos los que financien el tercer juego de esclusas.
Además de lo anterior, los estudios de mercado y la realidad del comercio marítimo internacional dan cuenta de que aún con los incrementos del peaje que contiene la propuesta de la construcción del tercer juego de esclusas, los usuarios de nuestro canal, ven en la ampliación una posibilidad real y objetiva de reducir costos e incrementar ganancias permitiendo al estado nacional panameño recuperar una cuota importante de la misma para ponerla al servicio del desarrollo del país.
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