La educación pública sufre otra vez los efectos de una huelga general de su personal docente que reclama mejoras salariales. En una coyuntura tan especial, donde los salarios se han desmejorado por igual para todos, en comparación con el alto costo de la vida, un paro de labores viene a ser la última alternativa; sin embargo, las consecuencias que está teniendo la paralización de labores en las escuelas públicas son altamente catastróficas para el rendimiento y el aprovechamiento del estudiantado.
Ante esa tendencia cada vez más frecuente en las relaciones entre el educador y el Estado, urge un verdadero diálogo nacional por la educación que trace una política clara en esta materia hacia el futuro, o de lo contrario, el país entero sufrirá por los resultados.
Ineludiblemente, en esta situación se percibe la diferencia de clase económica entre quienes pueden matricular sus hijos en una escuela privada y los que no.
Quienes pregonan el auge de la educación particular debido a los múltiples problemas que afectan a la educación pública, se equivocan, pues esa migración del estudiante a las escuelas privadas no es posible si este no cuenta con los recursos.
Si el problema de fondo es salarial, entonces las partes deben sentarse a conversar sobre una solución a mediano y largo plazo, deponiendo cualquier interés particular.
El diagnóstico que nos presenta a cada momento la Universidad de Panamá al realizar pruebas de admisión a los nuevos estudiantes que intentan ingresar en la educación superior, nos revela un panorama poco alentador, consecuencia precisamente, de un vacío o arrastre que aquejan a la formación preuniversitaria.
Un país cuyos protagonistas no logran producir un espacio de consenso y negociación para superar sus propias deficiencias está condenado al fracaso, sobre todo, si se trata de ponerse de acuerdo sobre una materia como la educación.
