Los panameños hemos sido sorprendidos por la actuación del Gobierno. Muchos no han logrado comprender el avance de los hechos, pero es muy sencillo: hay un gobierno que responde al alto respaldo popular y utiliza ese poder a favor del pueblo.
Por eso, poner orden en la casa y replantear lo que es la gestión pública ha sido lo prioritario, toda vez que se encontraron las arcas casi vacías como resultado de un sistema que funcionaba más por el tráfico de influencias que con orden y disciplina.
Para resolver estas situaciones, el Gobierno ha comenzado la depuración desde las partes más elevadas. Se mencionan, por ejemplo, las investigaciones del caso CEMIS. Otra de las acciones directas ha sido la de reducir la tarifa eléctrica, un asunto plagado de irregularidades que han dejado al país a merced de las empresas que administran este recurso, con leyes a su favor y con una institución que se convirtió en cómplice.
La historia del país comienza a cambiar. Se ha terminado la exclusiva persecución de comerciantes menores, así como la impune explotación del pueblo por parte de los poderosos. Ahora se establecerá el orden para aquellos empresarios que, con malas prácticas, han generado enormes fortunas, de políticos que entraron pobres y de salieron millonarios.
En el caso del elevado costo de la energía eléctrica, comienzan a conocerse bellezas. Las generadoras eléctricas hidráulicas, nos cobran hasta el agua que utilizan y que es un recurso de todos.
Va quedando atrás la historia de la compra a futuro de energía o la unificación de las facturaciones de la energía generada por agua o combustible, por parte de quienes, desde sus posiciones gubernamentales, justificaban las alzas y que en realidad eran empleados de estas compañías.
Nadie podrá negar que en estos primeros sesenta días, el Gobierno está cumpliendo con su misión. Enfrenta la impunidad con decisión y voluntad, impone orden donde antes ha imperado la anarquía y devuelve al país la confianza en el Gobierno.
