Un decreto alcaldicio que data de 1979 y que prohíbe manifestaciones cerca del Palacio de las Garzas, ha sido presentado por el Servicio de Protección Institucional (SPI), para tratar de justificar la golpiza propinada a los familiares de las víctimas del SIRA, durante las manifestaciones del 19 de julio.
La Fiscalía Auxiliar, en presencia de miembros del SPI y de familiares de las víctimas de los jarabes envenenados de la CSS, llevó a cabo ayer una inspección ocular dentro de la investigación que se realizaba por este caso.
El SPI alegó que los manifestantes violaron un decreto, que establece un perímetro de 500 metros de protección al Palacio Presidencial. Según esa disposición, ninguna manifestación puede llegar hasta el parque Catedral.
