La suerte de unos 600 funcionarios de la Autoridad de la Región Interocéanica (ARI) pende de un hilo en vista que será la Junta Directiva de la institución y el presidente electo, Martín Torrijos quienes tenga la última palabra sobre la culminación de sus labores hasta el 31 de diciembre.
El contralor Alvin Weeden aclaró ayer que se deberá renovar los contratos que vencen el próximo 31 de agosto y no prorrogarlos, porque ese el procedimiento.
Añadió que el mecanismo establece que la Junta Directiva de la ARI en conjunto con la Contraloría establezcan el procedimiento para renovar los contratos correspondientes.
Weeden sostuvo que no ha variado su posición, ya que de su despacho surgió una circular que fija que los contratos que vencen el 31 de agosto no serán renovados.
