Gremios sindicales y estudiantiles agrupados en FRENADESO marcharon ayer hasta la Presidencia de la República para entregar un extenso pliego de peticiones que tuvo como punto central exigir una investigación que esclarezca las muertes de los obreros del SUNTRACS, Osvaldo Lorenzo y Luis Antonio Argüelles.
FRENADESO estableció un plazo de 30 días para que el Órgano Ejecutivo se prenuncie sobre sus peticiones de congelamientos de los productos de la canasta básica familiar, rechazo al Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos (TPC), aumento general de salarios y agilización de las indemnizaciones de los sobrevivientes del mortal dietilenglicol, entre otros puntos.
Los manifestantes fueron recibidos a su llegada a los predios del Palacio de las Garzas por los viceministros de la Presidencia y de Trabajo, Dilio Arcia y Edwin Salamín, respectivamente.
La marcha se desarrolló de forma pacífica, contrario a lo que anunció la ministra de Gobierno, Olga Golcher, que elementos infiltrados en la manifestación intentarían incitar a la violencia.
Unidades de la Policía Nacional custodiaban por tierra y aire el avance de la marcha por las calles de Avenida Perú, Calidonia, Avenida Central y Parque Catedral.
Luego de entregar el pliego de peticiones, la alta dirigencia de FRENDESO desarrolló un mitin donde ratificaron el llamado a huelga de 24 horas en el sector de la construcción el próximo martes.
El máximo dirigente de SUNTRACS, Genaro López, denunció la campaña de provocación de la que son objeto sus agremiados, al tiempo que denunció la supuesta parcialización del ministro Reinaldo Rivera para favorecer a los; sindicatos amarillo.
Igualmente, señaló que autoridades del gobierno pretenden satanizar al SUNTRACS, cuando ellos son precisamente las víctimas de la espiral de violencia de los últimos días.
TORRIJOS PIDE ALTO A LA VIOLENCIA
Por su parte, el mandatario Martín Torrijos rechazó los actos violentos protagonizados en los últimos días por trabajadores organizados en sindicatos vinculados a la industria de la construcción y reiteró la posición del Gobierno de "garantizar a todos los panameños el ejercicio de sus libertades con apego a la ley y a la Constitución".
Tras lamentar la pérdida de vidas humanas como secuela de estas refriegas callejeras y expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas, dijo que los hechos obligan a reflexionar para repudiar, de manera categórica e inequívoca, la violencia, método que "no puede servir para acceder al poder, imponer ideologías, ni ganar agremiados dentro de los sindicatos".
"Hago un llamado para que detengamos la violencia ya, y que no convirtamos a Panamá en un teatro de enfrentamientos, ni de disputas laborales, en un constante mecanismo para seguir promoviendo violencia entre los panameños", sentenció.
OBISPOS PIDEN INVESTIGACION
Mientras, la Conferencia Episcopal Panameña (CEP) formuló un llamado a las autoridades para que esclarezcan las muertes de los obreros Osvaldo Lorenzo y Luis Argüelles, y se apliquen las leyes tal y como está establecido en el Código Penal a los que resulten responsables por estos homicidios.
De acuerdo al informe de la CEP, "El Estado y las empresas legalmente constituidas en el país, están en la obligación de respetar las leyes nacionales que rigen la actividad laboral.
Por ello, debe investigarse prolijamente el reclamo sobre los derechos y libertades que hacen en este caso los sindicatos involucrados".
Resaltan además, que los conflictos laborales, como todos los que se dan de carácter social o político, deben resolverse mediante el diálogo y el apego a los derechos humanos y a las leyes que rigen la república, para no caer en actos de violencia como los que se han dado esta semana y que le han costado la vida a dos humildes panameños.
También destacan que los trabajadores son los que deben decidir el tipo de organización al que desean afiliarse.