La Comisión Nacional de Reformas Electorales decidió establecer un tope de 15 millones de dólares al financiamiento privado de las campañas presidenciales.
La medida busca controlar un poco que el dinero pueda influir en los resultados de un torneo electoral, sin embargo, en Panamá -sobre todo en la campaña presidencial- cuenta más que nada la popularidad del candidato y si éste es adversario del gobierno de turno.
Hay varios ejemplos que candidatos oficialistas con toda la maquinaria gubernamental detrás y con millones de dólares para cubrir gastos de publicidad, pero nunca despegaron.
A pesar de eso, es sano que se controlen los gastos de campañas y que además se establezcan mecanismos más rígidos para prevenir la filtración de dinero sucio en el financiamiento político.
El control de los gastos de campaña tiene mayor fuerza en las candidaturas a las alcaldías, diputados y representantes de corregimientos, donde el dinero si puede ser un factor más influyente a la hora de los resultados.
Pero no es cuestión sólo de establecer límites a los gastos electorales, sino fijar mecanismos de control y sanciones fuertes, para prevenir que los candidatos busquen fórmulas para darle la vuelta a la ley y así poder contar con recursos superiores a los 15 millones de dólares que se estima será el tope para un aspirante a la Presidencia de la República.