La Dirección de Protección de los Derechos de las Mujeres de la Defensoría del Pueblo realizó un monitoreo en cinco corregidurías de la provincia de Chiriquí y tres de la provincia de Bocas del Toro, a fin de culminar con la jornada de verificación del cumplimiento de la Ley 38 de 2001, específicamente a lo concerniente con la eficaz aplicación de las medidas de protección a favor de las víctimas de violencia doméstica.
Entre las características halladas durante el recorrido, emprendido en las corregidurías de Alanje, Bugaba, Puerto Armuelles, David y Boquete, Guabito, El Empalme y Changuinola, sobresalen el deficiente tratamiento a las víctimas de violencia doméstica; asimismo, cómo el escaso conocimiento de la ley y la falta de registro de casos, que en muchas situaciones es poca o nula.
La Oficial de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Joyce Araujo, indicó que otras de las agravantes encontradas en el monitoreo son las distancias que existen entre las corregidurías y las Personerías del Ministerio Público, lo que en algunas ocasiones impide darle seguimiento a los casos de violencia de género que se denuncian.
En la misma línea de deficiencias encontradas en las corregidurías visitadas, Araujo señaló lo negativo que pueden resultar las mediaciones en violencia doméstica, mecanismo que están utilizando algunas autoridades con la finalidad de "orientar" y tratar de que ambas partes en conflicto arreglen los problemas.
A juicio de Araujo, esta acción puede convertirse en un arma de doble filo, porque la violencia doméstica es un ciclo en el que el victimario puede nuevamente ejecutar acciones violentas y atentar contra la víctima, que incluso, en el peor de los casos, puede llegar hasta la muerte u homicidio.
