La decisión de separar al director interino del Servicio de Protección Institucional (SPI) mientras se investiga lo de la represión a los afectados con el Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda (SIRA) y sus familiares, es una medida conveniente.
Existe una realidad, el director actual ocupaba ese cargo de manera interina desde hace casi dos años. Se trata de un oficial surgido de las Fuerzas de Defensa que luego en democracia llegó hasta subdirector de la Policía Nacional.
A diferencia de las anteriores administraciones, el actual gobierno designó a un militar al frente del SPI en vez de continuar con los directores civiles. Hoy tras lo sucedido la semana pasada con la manifestación de los pacientes del SIRA, se enfrenta a una lluvia de cuestionamientos.
Los encargados de instituciones de seguridad pública y sus subalternos deben tener claro que no pueden abusar y deben medir el uso de la fuerza. No es lo mismo controlar una manifestación pacífica, que enfrentar a delincuentes.
Los reglamentos que rigen a las instituciones de la Fuerza Pública son claros y los jefes deben asumir las responsabilidades, más cuando las vistas de la televisión revelan que se encontraba presente al momento de los incidentes.
Cuando se enfrenta a una manifestación, se debe mantener la cabeza fría para no caer en excesos, que a la postre son condenados por la sociedad, sobre todo en la democracia que impera ahora en Panamá.